Desde el Consorcio Agrícola del Sur aclararon que no se trata de “pagar por el agua”, sino de participar en el financiamiento de obras para almacenamiento; mientras otros gremios advierten que los agricultores ya asumen costos relevantes en riego, operación y mantención.
El agua volvió a instalarse en el centro del debate agrícola nacional. Esta vez no solo por la sequía, el cambio climático o la falta de embalses, sino por una frase del ministro de Agricultura, Jaime Campos, que encendió alertas en el mundo gremial: los agricultores deberán acostumbrarse a pagar por el uso del agua.
Las declaraciones fueron realizadas en Radio Infinita, donde el secretario de Estado abordó la crisis hídrica, la necesidad de grandes obras de infraestructura y la posibilidad de avanzar mediante concesiones. Sus palabras generaron reacciones inmediatas desde organizaciones agrícolas, especialmente en La Araucanía, Coquimbo y el sur del país.
“Lo digo con todo cariño y respeto amigos agricultores: van a tener que cambiar el switch. No solamente ellos, todos. El agua es un recurso escaso, por tanto, hay que pagar su uso. Los agricultores, durante 200 o 500 años, no están acostumbrados a ello”, afirmó Campos.
El ministro también agregó: “Habrá que ir buscando la forma, pero el uso, la disposición del agua, todo eso tiene un costo. No es como el aire, que aparentemente es infinita”.
Las declaraciones abrieron una discusión de fondo: ¿se está planteando un cobro por el agua misma o un mecanismo para financiar las obras que permiten captarla, almacenarla, conducirla y distribuirla?
La aclaración del Consorcio Agrícola del Sur
Frente al debate, el Consorcio Agrícola del Sur, CAS, emitió una declaración firmada por su presidente, José Miguel Stegmeier, en la que buscó precisar el alcance de la discusión y diferenciar el agua como recurso del financiamiento de infraestructura hídrica.
“Lo que entendemos de las declaraciones del señor Ministro de Agricultura, y que además coincide con lo que hemos conversado directamente con él, es que los agricultores y los demás usuarios del agua deben contribuir, en la medida de sus posibilidades, al financiamiento de la infraestructura que permita aumentar la disponibilidad del recurso. Es decir, no se trata de ‘pagar por el agua’, sino de participar en el financiamiento de las obras que hacen posible su almacenamiento”, señaló el gremio.
José Miguel Stegmeier.
La precisión es relevante porque, en el marco legal chileno, las aguas son bienes nacionales de uso público. Sin embargo, los sistemas que permiten utilizarlas productivamente —embalses, canales, compuertas, obras de conducción, distribución, telemetría, tecnificación y mantención— sí implican costos de inversión, operación y administración.
En esa línea, el CAS sostuvo que el sector agrícola ya asume desembolsos permanentes asociados al uso del recurso. “Los agricultores ya asumen importantes costos asociados al uso del agua. A través de las organizaciones de usuarios financian la administración, operación y gestión del recurso hídrico”, indicó la declaración.
El documento agrega que el sector también realiza inversiones en “mantención, modernización y mejoramiento de la infraestructura de riego, tanto a nivel predial como extrapredial, incluyendo canales, compuertas, obras de conducción y distribución, además de tecnologías que permiten un uso cada vez más eficiente del agua”.
El sur pide inversión pública y mecanismos privados
Uno de los puntos centrales de la declaración del CAS está en la realidad del riego en el sur de Chile. A diferencia de otras zonas con una tradición más extendida de infraestructura de riego, en regiones como Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos persisten brechas históricas en almacenamiento y conducción.
Para el gremio, avanzar en riego en el sur requiere un compromiso público claro, pero también fórmulas que permitan acelerar grandes obras.
“En el caso del riego en el sur, se requiere un compromiso decidido del Estado, complementado con mecanismos de inversión privada. Para grandes obras como embalses, las concesiones constituyen una alternativa para acelerar su construcción”, señaló el CAS.
El planteamiento apunta a una realidad ampliamente reconocida en el sector: la inversión pública por sí sola no ha logrado responder con la velocidad requerida al déficit de infraestructura hídrica. Los proyectos de embalses suelen enfrentar largos procesos de diseño, evaluación ambiental, financiamiento, licitación y construcción, lo que retrasa soluciones necesarias para la agricultura y las comunidades rurales.
“La experiencia demuestra que la inversión pública, por sí sola, no ha logrado responder a este desafío. El retraso en la construcción de embalses evidencia la necesidad de avanzar con mayor rapidez, especialmente frente a los efectos del cambio climático”, añadió la declaración.
Embalses multipropósito: más que riego
El CAS también planteó que las nuevas obras deben concebirse con un enfoque multipropósito. Es decir, no solo como infraestructura para la agricultura, sino también para abastecimiento humano y animal, control de inundaciones, combate de incendios, turismo y otros usos estratégicos para el desarrollo territorial.
Esta mirada coincide con una tendencia creciente en la planificación hídrica: los embalses, tranques, obras de acumulación y sistemas de conducción ya no pueden evaluarse únicamente desde la lógica productiva. En un escenario de cambio climático, su diseño debe considerar seguridad hídrica, resiliencia territorial, adaptación climática, protección de comunidades y continuidad económica regional.
Para el agro, esto es clave. La disponibilidad de agua no solo incide en rendimiento y rentabilidad, sino también en decisiones de inversión, diversificación productiva, empleo rural, permanencia de agricultores en los territorios y seguridad alimentaria.
Pequeña y mediana agricultura: el punto más sensible
Uno de los riesgos de cualquier discusión sobre nuevos pagos, tarifas o contribuciones es el impacto diferenciado entre grandes, medianos y pequeños productores. No todos tienen la misma capacidad financiera ni acceso a crédito, instrumentos de fomento o respaldo patrimonial para asumir inversiones de largo plazo.
Por eso, el CAS enfatizó que cualquier esquema debe mantener apoyo subsidiario del Estado para la pequeña y mediana agricultura, incluida la agricultura familiar campesina.
“Resulta indispensable mantener un apoyo subsidiario del Estado para la pequeña y mediana agricultura, incluida la agricultura familiar campesina, que no cuenta con la capacidad financiera para este tipo de inversiones”, sostuvo el gremio.
La declaración agrega que el acceso al riego aumenta productividad y rentabilidad, diversifica la producción y genera mayor actividad económica, permitiendo que una parte importante de la inversión se recupere en el tiempo.
Este punto es estratégico: sin apoyo público, el financiamiento de infraestructura podría profundizar brechas entre agricultores con capacidad de pago y productores que ya enfrentan altos costos de insumos, energía, mano de obra, maquinaria, transporte y financiamiento.
Reacciones desde La Araucanía y a mirada crítica desde Coquimbo
En La Araucanía, las palabras del ministro fueron recibidas con inquietud. El presidente de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, pidió aclarar el alcance real de las declaraciones.
“Podemos tener diferencias con el ministro y obviamente esos son temas que tenemos que sentarnos a conversar, a qué se refiere con que vamos a tener que empezar a pagar. Porque aquí queremos que el Estado es el que tiene que ayudar a la región de la Araucanía, dado que durante 30, 40 años ha dejado postergada a esta región”, señaló.
La reacción expresa una preocupación de fondo del mundo agrícola regional: antes de hablar de nuevos costos, se requiere resolver una deuda histórica en infraestructura, seguridad, productividad y apoyo al sector.
En esa zona, el debate hídrico se cruza además con una crisis más amplia del agro tradicional, marcada por dificultades en cultivos anuales, costos productivos, falta de certezas y demandas por mayor presencia del Estado.
En la Región de Coquimbo, una de las más golpeadas por la escasez hídrica, las declaraciones también generaron rechazo en dirigentes de comunidades agrícolas y organizaciones campesinas.
Mirtha Gallardo, presidenta de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas de la Provincia de Limarí, advirtió que el mundo rural ya enfrenta costos asociados al acceso y administración del recurso.
“Seguramente lo que está pensando o tienen pensado el ejecutivo hoy día es que se pague el doble, el triple o 10 veces más de lo que ya se paga”, señaló.
La dirigente agregó que quienes participan en embalses y canales ya financian distintos componentes del sistema. “Los que son accionistas de los embalses, de los canales, también pagan por el agua, no solamente se paga la administración de celadores, administrativo, equipos, que hay en las asociaciones de canalistas”, afirmó.
Desde el Consejo Regional Campesino, su presidenta Leticia Ramírez planteó que la discusión debe considerar la prioridad del consumo humano y la realidad de la agricultura familiar campesina.
“Cuando dicen que hay que pagar el agua, nosotros sabemos que se transa en el mercado y eso somete a las personas a la siguiente discriminación: el que tiene plata paga y tiene agua, y el que no, se jode”, puntualizó.
Ramírez calificó las declaraciones como “muy lamentables” y sostuvo que en regiones con crisis hídrica profunda el debate no puede limitarse al precio del recurso, sino que debe abordar concentración, acceso, política pública y sobrevivencia rural.
Una posición favorable a las concesiones
No todas las opiniones fueron de rechazo. Desde la Sociedad Agrícola del Norte, su presidenta María Inés Figari planteó que se requiere avanzar en infraestructura y que el sistema de concesiones puede ser una alternativa frente a la paralización de proyectos.
“Necesitamos construcciones e inversiones para asegurar el recurso hídrico. Ya está más que comprobado que ni los privados, ni el Estado por sí solos pueden hacerlo. Por eso, lo que propone el ministro es avanzar a través de concesiones, porque hoy tenemos prácticamente todo detenido”, afirmó.
Figari agregó que, aunque la idea de pagar por el agua puede generar resistencia, en la práctica ya existen situaciones donde agricultores compran agua a otros productores.
“Se está planteando una idea que, a primera vista, puede parecer muy difícil de aceptar porque implica pagar por el agua. Sin embargo, esa es una realidad que ya se está viviendo. Hoy existen agricultores que compran agua a otros productores. Es una situación que a muchos no les gusta escuchar, pero es la realidad que estamos enfrentando en el corto plazo”, sostuvo.
Su postura instala otro ángulo del debate: cómo generar modelos de inversión que permitan construir obras sin dejar fuera a los agricultores de menor escala.
El marco legal: agua pública, derechos de aprovechamiento y prioridad humana
La discusión también requiere separar conceptos. En Chile, las aguas son bienes nacionales de uso público. La legislación reconoce derechos de aprovechamiento, pero estos recaen sobre el uso y goce del recurso, no sobre la propiedad del agua en sí misma.
La reforma al Código de Aguas estableció además que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. También incorporó la prioridad del consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia frente a otros usos.
Esto no elimina los derechos productivos, pero sí obliga a mirar la gestión hídrica desde una lógica de equilibrio: consumo humano, preservación ecosistémica y función productiva.
En ese marco, la discusión sobre cobros, tarifas o aportes para infraestructura debe diseñarse con precisión. No es lo mismo cobrar por el recurso natural que financiar obras de almacenamiento, conducción, distribución, tecnificación, operación o mantención.
El debate abierto por el ministro Campos dejó al descubierto una tensión que Chile deberá resolver con urgencia: el país necesita más infraestructura hídrica, pero no existe consenso sobre cómo financiarla ni sobre qué carga debe asumir cada tipo de usuario.
Las concesiones aparecen como una alternativa para acelerar obras de gran escala, pero su diseño será determinante. Si se trasladan costos sin gradualidad ni subsidios, pequeños productores, comunidades agrícolas y agricultura familiar podrían quedar en desventaja. Si no se incorpo
ran mecanismos privados, en cambio, el país puede seguir acumulando retrasos en obras claves.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a una frase. El verdadero problema es más profundo: cómo financiar seguridad hídrica en un país con menos agua disponible, más demanda, mayor variabilidad climática y una agricultura que necesita certeza para producir alimentos.
La declaración del CAS cierra con una idea que resume la visión de parte importante del mundo agrícola: el agua debe entenderse como inversión estratégica para el desarrollo nacional.
“En definitiva, el agua debe entenderse como una inversión estratégica para el desarrollo del país. La infraestructura hídrica no solo fortalece la producción agrícola y la seguridad alimentaria, sino que también garantiza el abastecimiento para las personas, impulsa las economías regionales y contribuye a un desarrollo más próspero y sostenible”, señaló José Miguel Stegmeier.
FUENTE: DIARIO FRUTÍCOLA
