Las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile saludamos el derecho del Presidente a rendir cuenta, pero manifestamos profunda preocupación por la poca certeza que genera la Cuenta Pública para quienes día a día sostienen el empleo y la actividad local.
Reconocemos la gravedad del diagnóstico fiscal expuesto por el Gobierno —un déficit estructural que obliga a medidas de orden—, pero advertimos que ese enfoque, tal como fue presentado, corre el riesgo de perder el norte respecto del objetivo central que debe guiar la política pública: apoyar a las Mipymes que generan empleo y pagan impuestos en todo el país.
En la Cuenta Pública se reconoce un problema real que nos afecta directamente: “Encontramos más de 3 mil millones de dólares pendientes de pagos muy por encima de lo habitual. Y cerca de 10.000 pymes esperaban pagos postergados por más de 250 millones de dólares.”
Desde la mirada de las empresas locales, esto se traduce en tres preocupaciones concretas: Las primera es el ámbito económico, donde la prioridad está puesta en grandes inversiones y en destrabar proyectos de gran escala, sin duda es comprensible para reactivar el crecimiento, pero no sustituye políticas que fortalezcan la demanda interna y la supervivencia de comercios y servicios locales.
El comercio comunal —motor de empleo en barrios y comunas— aparece como un actor secundario en las medidas anunciadas. Las Mipymes requieren medidas que mejoren su flujo de caja, reduzcan costos operativos (energía, transporte, trámites) y faciliten el acceso a mercados, no solo anuncios orientados a inversiones extranjeras.
El segundo punto es el ámbito laboral, donde las Mipymes son las principales generadoras de empleo formal en número de empresas. Sin embargo, muchas microempresas no tienen “espalda” para sostener remuneraciones según la normativa vigente, por lo que su aporte efectivo al empleo formal es limitado.
Si la política pública no distingue entre microempresas sin capacidad de pago y Mipyme con potencial de crecimiento, se corre el riesgo de diseñar medidas que no lleguen a quienes realmente sostienen puestos de trabajo. Es imprescindible que las medidas laborales incluyan incentivos temporales a la contratación, subsidios a la formalización y apoyo a la capacitación para elevar productividad.
El tercer aspecto es el ámbito fiscal, donde entendemos la necesidad de orden fiscal. No obstante, la instrucción de la TGR para cobrar deudas fiscales y la existencia de deudas previsionales con intereses muy altos generan una presión inmediata sobre las empresas que menos pueden soportarla.
Antes de endurecer cobros, el Gobierno debe explicar con claridad cuál será el mecanismo de apoyo real para las Mipymes: moratorias razonables, refinanciamiento con tasas acordes al mercado, programas de regularización con quitas o plazos, y líneas de crédito puente con garantías estatales. Sin estas medidas, el ajuste fiscal puede traducirse en quiebras y pérdida de empleo, contraviniendo el objetivo de recuperar crecimiento y empleo.
En cuanto a el alcance y la focalización, los anuncios de apoyos puntuales (bonos, cupones, alivios sectoriales) son útiles, pero insuficientes si no se aplican con criterios de cobertura amplia y continuidad. Además, la reforma y los incentivos parecen concentrarse en grandes proyectos y en inversión extranjera; eso puede reactivar la economía a mediano plazo, pero no resuelve la urgencia de miles de Mipymes que hoy enfrentan falta de liquidez, pagos estatales atrasados y cargas tributarias y previsionales que asfixian.
Demandas y propuestas concretas (urgente y operativo)
● Pago inmediato y priorizado de deudas estatales a proveedores MIPYME, con calendario público y sanciones administrativas para retrasos injustificados.
● Programa de refinanciamiento de deudas fiscales y previsionales para MIPYME con plazos largos y tasas subsidiadas; incluir opción de quita parcial para montos por mora administrativa.
● Línea de crédito puente con garantía estatal y condiciones específicas para comercio y servicios locales, con tramitación simplificada.
● Moratoria temporal sobre ejecuciones fiscales y previsionales mientras se implementan mecanismos de regularización y apoyo.
● Pago por adelantado o factoring estatal para contratos y programas sociales que involucren a MIPYME (salud, educación, alimentación escolar).
● Simplificación tributaria y administrativa para MIPYME: menos trámites, ventanilla única y asistencia tributaria gratuita para pequeñas empresas que no cuentan con equipos especializados.
● Incluir al comercio local en los planes de reactivación con programas de promoción de consumo local, digitalización y capacitación comercial.
● Participación efectiva de representantes MIPYME en la mesa de diseño e implementación del Proyecto de Reconstrucción, con metas y plazos públicos.
Las Mipymes no piden privilegios: piden certeza, liquidez y reglas claras. Si el objetivo del Gobierno es recuperar empleo y crecimiento, las políticas fiscales y económicas deben articularse con medidas concretas que protejan y potencien a las empresas que sostienen la vida económica de nuestras comunas. Exigimos que las promesas de orden fiscal vayan acompañadas de instrumentos reales y medibles que permitan a las MIPYME sobrevivir hoy y crecer mañana.
Claudia Subiabre
Presidenta Multigremial Malleco Cautín
