La economía ilegal moviliza más de US$ 5.700 millones anuales a nivel nacional. El sector pesquero figura como uno de los más golpeados, con un mercado ilícito valorizado en US$ 430 millones al año y una evasión de impuestos que bordea los US$ 50 millones.
A eso se suma la industria salmonera, con desvíos por US$ 70 millones y una merma tributaria de US$ 14 millones.
“Nosotros valoramos este informe porque muestra datos reales asociados a las economías ilícitas que desde los distintos sectores productivos y económicos hace tiempo hemos venido levantando, pero de manera aislada y eso hace que se pierda la magnitud de los delitos”, explicó la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda.
Quién financia
La dirigente agregó que en el caso de su sector, las prácticas del comercio ilegal están presentes en distintas áreas de la cadena productiva, evidenciando que se ha instalado como una maquinaria delictual altamente sofisticada. Según el informe de la CPC, los principales puntos de comercialización ilegal son ferias libres, restaurantes y terminales de productos marinos en Santiago.
La logística detrás de este millonario mercado paralelo requiere de una estructura de financiamiento, un factor que para la industria implica la participación de bandas organizadas.
“Aquí hay toda una cadena asociada, por ejemplo, al transporte. (…) Estamos hablando de que los camiones necesarios para este tipo de traslado tienen valores de entre $30 millones y $50 millones y de embarcaciones que pueden costar otros $100 millones”.
A esto se suma que en las fiscalizaciones se ha detectado el traslado de productos con facturas o guías de despacho falsas.
“Entonces, ¿quién financia esa logística para que esta economía ilícita ocurra y se mantenga?”, preguntó.
Violencia en el mar
Uno de los aspectos más críticos y recurrentes denunciados en Biobío es el creciente accionar de los llamados “piratas”, que han modificado su patrón tradicional de asaltar camiones a atacar embarcaciones en alta mar o en zonas cercanas a las recaladas, como ocurre en Coronel.
“El nivel de agresividad ha aumentado, ha escalado y hoy suben con armas de fuego, y la tripulación no puede resistir ni repeler este abordaje. La medida de seguridad es protegerse en el puente de mando”, relató Cepeda, advirtiendo que los protocolos de seguridad marítima impiden a las naves industriales tomar acciones disuasivas violentas.
Este tipo de delitos no solo afecta a los grandes operadores, sino que también destruye el sustento de la pesca artesanal formal al hundir los precios.
“Cuando no hay pesca legal, el sector artesanal puede vender una caja de 20 kilos de merluza en $30 mil. Cuando hay pesca ilegal, esa misma caja baja a $10 mil”, ejemplificó.
Esta pérdida de valor para el trabajo formal es una situación “dramática”, más aún cuando el sector pesquero en su conjunto ha hecho grandes esfuerzos por certificar capturas responsables.
En la pesca de la merluza común, el mercado ilícito extrae “entre dos y cuatro veces la cuota nacional”, vulnerando la talla y época de extracción.
Reputación del país
Desde el gremio ven que el fenómeno está ligado a las brechas en trazabilidad y fiscalización. Mientras la flota industrial opera bajo monitoreo satelital permanente y certificación total de sus desembarques, una amplia proporción de embarcaciones menores carece de estas obligaciones.
“No toda la flota artesanal está obligada a certificar sus desembarques. No toda la flota artesanal tiene posicionador satelital”, señaló la vocera, argumentando que esto deja al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) operando virtualmente a ciegas.
En esa línea, la dirigente insistió en la urgencia de tramitar nuevas competencias y atribuciones para los organismos fiscalizadores, pues no solo la industria está en juego, sino también la reputación comercial del país.
“Cuando identificas que hay un volumen de pesca ilegal importante a nivel nacional, los mercados internacionales podrían entrar a cuestionar nuestras certificaciones”.
Cepeda planteó que las exigencias de control debieran ir en una línea similar a la aplicada en otros ilícitos en la macrozona sur.
“Aquí hay que tipificar el robo de pescado y la pesca ilegal como un delito de mayor envergadura que tenga un grado de sanción mayor, como el robo de madera”, señaló, respaldando el proyecto de ley en trámite como la vía necesaria para “darle más atribuciones a la fiscalía y a los tribunales para que efectivamente puedan combatir este delito, pero con penas que sean más efectivas”.
FUENTE: DIARIO FINANCIERO
