El alza del precio de los combustibles, impulsada por un escenario internacional complejo, representa una dificultad real para todos los sectores productivos. En Aysén, donde el aislamiento geográfico, las distancias y los elevados costos logísticos condicionan nuestra economía, sus efectos son especialmente sensibles. Desde OGANA A.G. y la Multigremial Nacional comprendemos las legítimas preocupaciones de los transportistas y creemos que este escenario exige una negociación seria entre el Gobierno y los distintos sectores productivos, orientada a encontrar soluciones responsables que consideren las particularidades de las regiones extremas.
Sin embargo, comprender las causas de un conflicto no significa aceptar cualquier mecanismo de presión. Ninguna persona, agrupación o gremio, por legítimas que sean sus demandas, tiene derecho a imponer sus razones por la fuerza ni a vulnerar las libertades y derechos de los demás. Rechazamos categóricamente los cortes de caminos porque constituyen una forma de presión que impide a terceros trabajar, producir y desplazarse libremente. Lejos de resolver el conflicto, trasladan sus costos al conjunto de la sociedad, perjudicando precisamente a quienes no tienen responsabilidad alguna en su origen.
En Aysén, estas consecuencias son especialmente graves. Para el sector agroganadero, los bloqueos coinciden con una etapa crítica de siembras, fertilizaciones y establecimiento de praderas, labores sujetas a ventanas climáticas estrechas. Un insumo que no llega o una faena que debe postergarse puede significar pérdidas productivas que no se recuperan cuando finalmente se despeja una carretera. El daño se extiende también al comercio, al turismo, a los servicios y a miles de trabajadores y pequeños emprendedores cuya actividad depende de la conectividad regional.
Nuestra región, además, tiene memoria. Las movilizaciones de 2012, bajo la consigna «Tu problema es mi problema», dejaron una enseñanza que no podemos ignorar: cuando se paraliza una región, todos pierden, pero algunos pierden mucho más. Independientemente de la legitimidad de las demandas de entonces, los bloqueos demostraron que una causa sectorial no se transforma automáticamente en una defensa del interés general cuando sus consecuencias recaen sobre toda la comunidad.
El Gobierno tiene la responsabilidad de conducir una negociación efectiva frente al incremento de los costos de los combustibles, pero también el deber de garantizar el libre tránsito y la continuidad de las actividades económicas.
Una dificultad compartida requiere soluciones colectivas, no medidas de presión que trasladan el problema de unos hacia otros. Aysén necesita diálogo y condiciones para producir, no nuevas paralizaciones. La experiencia ya nos enseñó que paralizar Aysén no es defenderlo.
