El verano tiene la descortesía de llegar todos los años sin respetar los tiempos del mundo político. El pasado 27 de octubre, en dependencias de CMPC en Los Ángeles, se presentó el plan de protección contra incendios 2026–2027. Un evento de poco glamour frente a la contingencia nacional e internacional, pero que puso en escena una de las alianzas público-privadas más relevantes y estructurantes para la seguridad de Chile: protege vidas, poblados, infraestructura y capacidades productivas frente al fuego.
Las declaraciones institucionales de los últimos gobiernos relacionados con la seguridad son relatos que deben enfrentarse a la desnudez de los datos, mostrando una realidad en los sectores afectados, y en particular, las pérdidas materiales y de personas. Familias chilenas que engruesan las cifras y enfrentan desoladas las llamas.
Algunos datos permiten dimensionar la importancia del evento que se desarrollaba en el sur de Chile. Durante la temporada 2025-2026 se registraron cerca de 5 mil incendios en el país, que consumieron más de 77 mil hectáreas de bosques. El 52% se originó por negligencia y afectó más de 30 mil hectáreas, equivalentes al 38% de la superficie quemada. Otro 25% correspondió a incendios intencionales, que consumieron 14.500 hectáreas, el 18% del total.
Entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, donde se concentra gran parte de la masa forestal del país, se registraron 3.700 incendios que consumieron 67.700 hectáreas. Es decir, tres de cada cuatro incendios ocurrieron en estas regiones, que concentraron el 87% de la superficie quemada.
La concentración territorial es aún más preocupante: una de cada dos hectáreas quemadas en Chile se encuentra en Biobío o La Araucanía. Al revisar las causas, los reportes son escalofriantes. En Biobío, el 48% de los incendios fue intencional y el 38% se originó por negligencia. En La Araucanía, estos porcentajes alcanzaron el 43% y el 36%, respectivamente. A ello se suma que el 12% de los incendios en esta última región permanece sin información sobre su causa.
El verano no espera a la política
La intencionalidad de los incendios no viene en la sangre de supuestos herederos de Nerón. Se ha alimentado de más de veinte años de negligencia política, de una condena social insuficiente y de una respuesta judicial y comunicacional débil. La impunidad llevó a la sociedad civil a prepararse de otra manera, sin esperar la reacción tardía del Estado.
En ese contexto, las empresas privadas desarrollaron un sistema de combate de incendios articulado a través de CORMA, que durante la última temporada participó en el combate de más de 1.500 incendios, esto representa que 1 de cada 2 eventos en el sur fue combatido por empresas privadas. El aprendizaje acumulado ha permitido establecer una alianza público-privada que ha fortalecido la anticipación, la coordinación y la incorporación de tecnologías de monitoreo y combate.
La próxima temporada se prevé especialmente compleja por las altas temperaturas, la acumulación de vegetación favorecida por las lluvias tardías y la reactivación de hechos de violencia en la Macrozona Sur. Para enfrentarla, el despliegue anunciado contempla una dotación de 1.200 personas, 94 brigadas de combate y 20 aeronaves.
Son capacidades construidas silenciosamente a partir de experiencias profundamente dolorosas para las regiones y el país. Combinan tecnología, gestión y conocimiento del territorio, y muestran una forma concreta de colaboración entre el Estado y la sociedad civil.
Siguen pendientes la Ley de Incendios y los incentivos para recuperar zonas degradadas. Su tramitación exige una urgencia acorde con el riesgo que se aproxima. Porque el verano no espera a que parlamentarios y políticos terminen de discutir la composición del gabinete.
Autora: Claudia Lillo
