«Se le puso anestesia a un enfermo que quedó muy grave». Esa fue la sensación desde el mundo de las empresas de menor tamaño a seis años del estallido social, revelando un catastro que da cuenta de la magnitud del daño que los hechos de violencia de 2019 dejaron en las pequeñas y medianas empresas del país.
Según la Multigremial Nacional, más de 17.000 pymes fueron afectadas directa o indirectamente, y más del 40% de ellas cerraron definitivamente. A juicio del gremio, eso provocó que las pymes fueron desapareciendo del mapa económico sin haber recibido una reparación real por parte del Estado.
«Han pasado seis años y las pymes siguen pagando los costos del estallido social, mientras el Estado miró para el lado. Miles de locales fueron quemados o saqueados y nunca más pudieron volver a abrir. No hubo indemnización real ni reparación efectiva. Los emprendedores quedaron solos, cargando deudas y frustración», denunció la Multigremial Nacional.
De acuerdo con catastros elaborados junto a cámaras de comercio y asociaciones regionales, el daño total al sector superó los US$1.800 millones, con más de 2.300 locales destruidos en todo Chile y al menos 600 solo en Santiago Centro.
Hoy, un 30% de esas propiedades sigue sin actividad comercial, afectando la plusvalía y seguridad urbana en sectores emblemáticos como Alameda, San Diego, Santa Rosa, Portugal y Recoleta.
«No sólo se destruyeron locales; se destruyeron comunidades económicas completas. Detrás de cada pyme había una familia, trabajadores y proveedores que también desaparecieron del mapa. El daño fue estructural, no coyuntural», enfatizó la organización.
Seis años sin reparación
Pese a la magnitud del impacto, la Multigremial resaltó que el Estado nunca implementó un plan de compensación integral ni una política de reconstrucción comercial sostenida. «Solo un bajo número de afectados accedió a ayudas parciales, muchas veces tardías y simbólicas.
El resto fue abandonado a su suerte, sin reparación, sin apoyo y sin justicia», agregó el gremio. Las estimaciones apuntan a que el 80% de las pymes afectadas no ha recibido ningún tipo de compensación, lo que se ha traducido en la pérdida de miles de empleos y en la desaparición de barrios comerciales históricos.
En zonas como Alameda con Portugal, Santa Rosa o San Diego, la plusvalía ha caído hasta un 25%, y muchos locales permanecen vacíos o tapiados. «El país olvidó a quienes generan el 65% del empleo nacional. Se habló de justicia social, pero lo que se hizo fue injusticia económica. Seis años después, las pymes siguen pagando los costos de un país que miró para el lado cuando más lo necesitaban. Chile no puede volver a vivir algo así nunca más», concluyó la Multigremial Nacional.
FUENTE: EMOL
