Señor Director:
Mientras los principales sectores productivos dan señales de estancamiento por la ‘permisología’ y sobrerregulación, vemos que avanza sin contrapeso en el Parlamento una enorme batería de 11 reglamentos ambientales derivados de la Ley SBAP, todos ellos con marcada tendencia ideológica en favor de ONGs ambientalistas.
Como ejemplo, el reglamento que regula la clasificación de ecosistemas y la elaboración de planes de manejo para ecosistemas amenazados contempla la creación de un comité asesor, compuesto por 10 representantes de ministerios y servicios; cinco de centros de investigación ambiental; cinco de ONGs ambientalistas; tres de la Academia de Ciencias; cinco de instituciones de educación superior; pero no incluye a ningún representante del sector privado, los gremios o el mundo de los trabajadores. Este desequilibrio en cuanto a la composición de esta instancia revela los peligros que podría traer esta ley y sus reglamentos para muchos sectores productivos, y también nos invita a cuestionarnos si es correcta la gran incidencia que están teniendo estas ONGs ambientalistas, de opaco financiamiento en las políticas públicas nacionales.
Es momento de encender las alertas e investigar a fondo el ‘legado’ regulatorio que está dejando el gobierno saliente.
Juan Pablo Swett, Presidente Multigremial Nacional
