La asociación alertó que incorporar un copago como mecanismo para mejorar la calidad de los cursos financiados mediante Franquicia Tributaria podría generar el efecto contrario: disminuir el número de trabajadores capacitados, reducir la demanda por formación y aumentar la presión financiera sobre los organismos capacitadores.
La Asociación de Organismos de Capacitación, ASOCAP, manifestó su preocupación ante la posibilidad de establecer un sistema de copago para las empresas que utilizan la Franquicia Tributaria de Capacitación, advirtiendo que la medida podría terminar encareciendo el acceso a la formación laboral sin necesariamente generar mejoras en su calidad.
La propuesta parte de la premisa de que, al tener que financiar directamente una parte del valor de un curso, las empresas tendrían mayores incentivos para preocuparse por su calidad y seleccionar mejores alternativas de capacitación. Sin embargo, desde ASOCAP advierten que este planteamiento no necesariamente considera cómo responderán las empresas en la práctica, particularmente las de menor tamaño.
Una de las posibilidades es que, ante la obligación de realizar un copago, las empresas soliciten a los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) descuentos equivalentes al monto que deberán financiar. De ocurrir aquello, el supuesto aporte empresarial podría terminar siendo absorbido total o parcialmente por los propios organismos capacitadores.
Esto, advierte ASOCAP, implicaría reducir los recursos disponibles para financiar relatores, tutorías, materiales, plataformas tecnológicas, seguimiento y otros componentes fundamentales para entregar programas de capacitación de calidad.
Incluso si se establecieran mecanismos para fiscalizar tributariamente el pago efectivo del copago, la asociación sostiene que el problema de fondo persistiría. Frente a un nuevo costo, las empresas podrían optar por capacitar a menos trabajadores, realizar menos cursos, postergar sus programas de formación o simplemente dejar de utilizar la Franquicia Tributaria.
“Controlar que el copago fue efectivamente pagado no garantiza una mejor capacitación. Solo acredita que para la empresa resultó más caro capacitar a sus trabajadores”, plantearon desde ASOCAP.
Calidad requiere información y resultados
La asociación sostiene que el desafío de mejorar la calidad de la capacitación debe abordarse mediante instrumentos que permitan a las empresas tomar mejores decisiones y evaluar los resultados obtenidos.
Entre ellos, ASOCAP plantea avanzar en información comparable sobre los distintos OTEC, indicadores de aprendizaje y resultados, diagnósticos adecuados de las necesidades de capacitación de las empresas, programas pertinentes para los trabajadores, evaluaciones y evidencias verificables, además de fortalecer a proveedores que cuenten con la capacidad financiera y técnica necesaria para ejecutar programas de calidad.
En este contexto, la organización advierte que un copago generalizado podría producir exactamente el efecto contrario al que se busca: disminuir la utilización de la Franquicia Tributaria, reducir el número de trabajadores que acceden a capacitación y aumentar la presión financiera sobre los OTEC.
El impacto podría ser especialmente significativo para las MiPymes, que cuentan con menores márgenes financieros y mayores dificultades para absorber nuevos costos asociados a la formación de sus trabajadores.
Llamado a evaluar el impacto en las MiPymes
ASOCAP llamó a evaluar seriamente estos riesgos antes de implementar una medida de carácter general y planteó la necesidad de estudiar previamente cuál sería el impacto del copago sobre la demanda por capacitación.
Asimismo, propuso considerar exenciones, gradualidad o mecanismos diferenciados para las empresas de menor tamaño, de manera de evitar que una reforma destinada a mejorar el sistema termine generando nuevas barreras para acceder a capacitación.
“El copago no corrige por sí mismo la calidad: encarece la decisión de capacitar. Reformar para mejorar exige comprender cómo responden realmente las empresas, especialmente las MiPymes”, concluyó ASOCAP.
La asociación hizo un llamado al SENCE, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y a los distintos actores vinculados al sistema de capacitación laboral a analizar los efectos que una modificación de estas características podría generar antes de avanzar en su implementación.
