Señor Director:
Además de los conocidos desafíos que tendrá la futura administración en materias de permisología, es relevante dejar en evidencia lo que está ocurriendo con el mal uso de políticas públicas, a través de la permanente judicialización y paralización de proyectos impulsadas desde Ongs nacionales e internacionales.
Como sector, hemos vivido este tema de manera especialmente intensa por la aplicación de la Ley Lafkenche. En estas semanas, pese a que en dos oportunidades se rechazaron de forma clara y mayoritaria solicitudes presentadas por 40 personas —que abarcaban cerca de 1.000.000 de hectáreas—, nuevamente enfrentamos recursos administrativos y judiciales, patrocinados por abogados de ONG, en procesos que ya llevan 12 años de tramitación.
Considerando la urgencia de reactivar la economía y recuperar la competitividad de los sectores productivos, es grave que ONG financiadas desde el extranjero utilicen políticas públicas —que tenían un fin noble— para otros propósitos. Esto genera conflictividad social, afecta la soberanía nacional y el desarrollo de zonas aisladas, e impide que Chile aproveche sus vocaciones productivas y ventajas comparativas.
Además de avanzar con urgencia en una Política Nacional de Uso del Borde Costero que sea clara, sólida, entregue certezas y armonice los distintos usos y potenciales del litoral, también es necesario establecer mecanismos que aseguren mayor transparencia sobre el financiamiento y los objetivos de quienes apoyan e impulsan a estas organizaciones.