Sr. Jaime Naranjo Ortiz
Presidente Comisión de Hacienda
Cámara de Diputados
Presente
CC: Srs/as integrantes Comisión de Hacienda Cámara de Diputados:
Boris Barrera Moreno; Alejandro Bernales Maldonado; Ricardo Cifuentes Lillo; Miguel Mellado Suazo; Guillermo Ramírez Diez; Agustín Romero Leiva; Jaime Sáez Quiroz; Frank Sauerbaum Muñoz; Alexis Sepúlveda Soto; Raúl Soto Mardones; Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Gael Yeomans Araya.
Los gremios de pymes y profesionales que suscriben la presente carta vienen a solicitar a Ud. dar urgencia y poner en tabla la discusión del proyecto del ley contemplado en el boletín 15636-05 del 21 de diciembre de 2022 que prorroga la entrada en vigencia del IVA a los servicios modificando el artículo octavo transitorio de la ley 21.420 y derogando el inciso tercero del número 1 del artículo 42 de la Ley de la Renta y el inciso final del número 1 del Artículo 43 de la misma ley.
Dicho proyecto fue presentado por un grupo transversal de diputados, liderado por la diputada Joanna Pérez, con la finalidad de revisar con tiempo los impactos de la medida y sus ajustes necesarios, evitando así sentar un precedente negativo para la implementación de la próxima reforma tributaria. El respeto al principio de reserva legal es clave para generar certezas y fomentar la confianza en el sistema tributario tan necesario para favorecer el emprendimiento.
Quienes suscribimos ya concurrimos a la Comisión de Hacienda del Senado para presentar razones técnicas, legales y económicas que fundamentan la postergación del IVA a los servicios que ahora solicitamos a esta Comisión. Cabe mencionar que los miembros de dicha instancia se mostraron llanos a buscar soluciones alternativas de financiamiento a la PGU para dar espacio a la postergación de IVA a los servicios.
Como antecedente, vale mencionar que hay muchos sectores afectados con esta ley: más de 150.000 Mipymes que dan trabajo a casi 600.000 personas y que se orientan principalmente al servicio, tales como gimnasios, productoras de eventos, peluquerías, área de la salud, colegios y universidades, entretención, administración de edificios, casas de acogida de tercera edad y centros de rehabilitación de drogas, por mencionar algunos.
Para ponerlo en palabras simples, con esta ley es más caro nacer (servicios médicos no ambulatorios), más costoso estudiar (colegios y universidades), gastamos más en mantener a nuestras mascotas (médicos veterinarios) y pagamos más por vivir en comunidad (administración de edificios). Emprender para profesionales como contadores, abogados, peluqueros y publicistas se hace más complejo porque sus servicios son más caros.
Pero eso no es todo, otras áreas vinculadas a la vida íntima y cotidiana también se ven afectadas con esta ley. Desde ahora, cosas elementales y dignas como hacer deporte se hacen más costosas (gimnasios), situaciones naturales como envejecer y fallecer se tornaron más caras (casas de acogida y servicios funerarios y de incineración), querer protegerse contratando seguridad privada ahora tiene mayores costos (empresas de seguridad) e incluso quienes requieren rehabilitación de drogas deben gastar más (centros de rehabilitación).
Tampoco está claro si la medida en cuestión recaudará los recursos esperados. Bien lo indicó la Senadora Ximena Rincón en la discusión y así se contempla en la historia de la ley 21.420 que el informe OCDE de exenciones indicaba que no existía información suficiente respecto al impacto económico y recaudatorio de la medida suficientemente detallado. Lo cierto es que una sola medida tendiente a atacar con fuerza la informalidad (llegando al promedio OCDE) logra recaudar 15 veces más que lo que recauda el IVA a los servicios. Ahora está en manos de esta Honorable Comisión y del gobierno evitar este enorme daño a miles de Mipymes y profesionales y, de paso, atacar el problema de fondo que es la informalidad, una de los principales causantes de las bajas pensiones y escasa recaudación fiscal al no aportar IVA ni Impuestos a la Renta.
¿Quién pagará la cuenta? el consumidor final. Las grandes empresas que reciben servicios con IVA lo recuperan, pero el consumidor final NO. Las Mipymes y emprendedores también pagarán la cuenta porque su rentabilidad es baja y deberán asumir como costo parte de ese IVA acrecentando cada vez más la preocupante desigualdad empresarial que hay en Chile.
En resumen, estamos frente a una muy mala política pública que encarecerá el costo de vida de las personas, pondrá más trabas al emprendimiento, fomentará la informalidad y ni siquiera tiene clara la recaudación que generará. Por lo tanto, reiteramos el llamado a poner en tabla el proyecto del ley contemplado en el boletín 15636-05 del 21 de diciembre de 2022 que prorroga la entrada en vigencia del IVA a los servicios.
Esperando una favorable acogida,
Atte.
