Chile necesita proteger su biodiversidad. Sobre aquello difícilmente pueden existir dos opiniones. Nuestro patrimonio natural constituye una riqueza que debemos conservar para las actuales y futuras generaciones. Pero ese objetivo, por legítimo y necesario que sea, no puede construirse debilitando principios igualmente esenciales para el desarrollo del país: la certeza jurídica, el respeto de los derechos adquiridos y el derecho de propiedad.
La implementación de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), nos enfrenta precisamente a ese desafío.
El debate, por tanto, no debiera plantearse como una elección entre conservación y desarrollo productivo. La verdadera pregunta es cómo construimos una institucionalidad capaz de proteger efectivamente nuestros ecosistemas y especies sin generar incertidumbre respecto de derechos adqueridos, permisos ambientales e inversiones legítimamente constituidas al amparo de la legislación vigente.
Esta preocupación adquiere especial relevancia para la minería y particularmente para los pequeños y medianos productores, pero también alcanza a actividades agrícolas, forestales, energéticas, industriales y de infraestructura.
La definición de Sitios Prioritarios, los nuevos instrumentos de conservación y las exigencias asociadas a compensaciones ambientales pueden modificar significativamente e, incluso, hacer variables las condiciones bajo las cuales se desarrollan actividades productivas en distintos territorios del país.
No es razonable que proyectos que obtuvieron sus permisos y autorizaciones técnicas y ambientales, realizaron inversiones y cumplieron las exigencias establecidas por el Estado enfrenten posteriormente nuevas restricciones que, en los hechos, alteren las condiciones bajo las cuales adoptaron sus decisiones de inversion en determinados proyectos..
La certeza jurídica no constituye un privilegio de determinados sectores económicos. Es una condición básica para que cualquier persona o empresa pueda invertir, emprender y desarrollar una actividad productiva con la confianza de que las reglas no serán modificadas retroactivamente. La certeza jurídica es fundamental también para la protección de la biodiversidad.
Para la pequeña y mediana minería esta cuestión resulta particularmente sensible. A diferencia de los grandes conglomerados industriales y mineros, los productores de menor escala cuentan con capacidades financieras y administrativas mucho más limitadas lo que les impide enfrentar nuevas exigencias regulatorias, mayores costos o prolongados procesos de tramitación.
La minería chilena ha demostrado que producción y protección ambiental pueden avanzar conjuntamente. Durante décadas el sector ha debido adaptarse a estándares ambientales cada vez más exigentes, incorporando evaluaciones, monitoreos, planes de cierre y tecnologías destinadas a reducir sus impactos.
Ese camino debe continuar. Pero avanzar hacia mayores estándares ambientales requiere también normas técnicamente fundadas científicamente y respaldadas, procedimientos transparentes y decisiones sustentadas en evidencia científica comprobada.
La protección de la biodiversidad será más sólida y tendrá mayor legitimidad si quienes desarrollan actividades productivas conocen previamente las reglas, pueden participar de los procedimientos y cuentan con garantías de que sus derechos de propiedad y la libertad para emprender serán respetados.
Chile no necesita confrontar medio ambiente y minería como si fueran dos intereses irreconciliables. Necesita construir una institucionalidad capaz de compatibilizarlos.
Tenemos la oportunidad de implementar la Ley SBAP bajo un principio que debiera orientar toda política pública moderna: proteger aquello que constituye nuestro patrimonio natural sin desconocer aquello que el propio Estado previamente reconoció y autorizó como parte de los derechos fundamentales de la persona.
Conservar la biodiversidad es indispensable. Mantener la certeza jurídica, respetar el derecho de propiedad y permitir que las actividades productivas sigan generando inversión, empleo y desarrollo regional, también lo es.
Encontrar ese equilibrio no debiera entenderse como una concesión graciosa a la actividad económica. Debiera ser, precisamente, una de las condiciones fundamentales para que la nueva institucionalidad ambiental sea sostenible y perdurable.
