En los espacios laborales, en muchas ocasiones, conviven múltiples empresas y trabajadores, incluyendo contratistas, subcontratistas y proveedores. En ese entorno, la prevención del acoso y la violencia en el trabajo debe ser entendida como una responsabilidad compartida. En contextos de subcontratación, la Ley Karin exige especial atención.
Existen responsabilidades solidarias cuando se trata de la prevención de riesgos, canales de denuncia y formación, especialmente si los trabajadores provienen de distintas razones sociales, por lo que la coordinación efectiva y la prevención en toda la cadena de valor son claves. «La Ley Karin busca generar una transformación cultural en los espacios laborales, pero no será efectiva si no llega a todos por igual, porque existen responsabilidades compartidas entre empresas mandantes, contratistas y proveedoras.
Hoy, las empresas de menor tamaño enfrentan barreras estructurales que necesitan de más apoyo, más herramientas y más acompañamiento. En esta línea, estamos construyendo alianzas para facilitar ese proceso, donde las empresas adheridas a la Achs pueden hacer una diferencia», señala Paulina Calfucoy, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Achs. A un año de la entrada en vigor de la Ley Karin, los avances en prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo muestran señales alentadoras, pero también importantes desafíos.
Según los resultados de la última medición del Termómetro de la Salud Mental Achs-UC, existe una clara brecha entre grandes empresas y pymes en cuanto a la implementación de las exigencias de la ley, lo que plantea una oportunidad para colaborar a través de las estrategias de valor de las empresas para llegar a todos. Mientras el 69,2% de quienes trabajan en grandes empresas declara haber recibido capacitación sobre la ley, esa cifra cae al 33,8% en el caso de las microempresas.
Una tendencia similar se observa en la existencia de políticas o protocolos de prevención, donde un 91,2% de las personas en grandes empresas declara que su organización cuenta con uno, versus apenas un 45,2% en microempresas. Los datos también muestran diferencias significativas en la existencia de canales de denuncia confidenciales: 82% en grandes empresas, versus 46,8% en microempresas. Y en la información entregada sobre estos canales, el contraste se repite: 77,2% en grandes empresas, versus 53,3% en las más pequeñas.
Durante este primer año de implementación, la Achs ha impulsado una agenda de formación y acompañamiento, que incluye más de 100.000 trabajadores capacitados, 11.000 asesorías técnicas, una guía jurídica y una capacitación online gratuita disponible para todo el país. Además, ha promovido campañas de sensibilización como «Buen Trato» y el desarrollo del «Sello Ley Karin» para reconocer a las organizaciones que lideran buenas prácticas en esta materia.
Un ejemplo de cómo las grandes empresas pueden contribuir a reducir estas brechas es el caso de Claro VTR que, en alianza con la Achs, impulsó una convocatoria a 150 de las empresas que son parte de su ecosistema para profundizar la implementación de la Ley Karin.
En una jornada especialmente diseñada, se desarrollará un panel con empresas para compartir experiencias, presentar la capacitación y la guía elaboradas junto a la Fundación ChileMujeres, y avanzar en un compromiso conjunto por llevar la prevención a toda la cadena de valor. «Queremos que las empresas se sumen activamente al desafío de apoyar a las pymes, demostrando que la colaboración puede ser un motor de cambio real. Porque no basta solo con implementar la ley, sino que debemos promover la prevención en toda la cadena de valor, para así avanzar en ambientes laborales más sanos y seguros», agrega Calfucoy.
