Tres gremios de turismo de Magallanes expresaron su profunda preocupación ante la operación de embarcaciones de bandera extranjera que estarían realizando actividades turísticas en áreas cercanas a Puerto Natales, fiordos de Tierra del Fuego y canales del Beagle, vulnerando la normativa de cabotaje marítimo y otras disposiciones legales.
La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), la Cámara de Empresas de Turismo de Magallanes Austro Chile y la Cámara de Turismo de Ultima Esperanza (Catue) emitieron una declaración conjunta advirtiendo que esta situación afecta directamente a los actores locales del sector.
Los gremios advirtieron que las operaciones irregulares podrían implicar la vulneración de diversas normativas nacionales, incluyendo disposiciones tributarias, aduaneras, del Código del Trabajo y de protección ambiental, especialmente cuando no existe una actividad comercial formalmente constituida en Chile.
“El incumplimiento de estas normativas no sólo afecta directamente a los actores locales del sector turístico, sino que también genera distorsiones en el desarrollo sostenible de distintos destinos de la región, impactando negativamente la competencia y el equilibrio del mercado”, señalaron.
Sara Adema Yusta, gerente de HYST, señaló: “Nos preocupa profundamente que se estén generando situaciones que podrían vulnerar una normativa clave para el resguardo de nuestra industria. Es fundamental que exista una fiscalización efectiva, ya que se pone en riesgo la competencia justa y el desarrollo equilibrado y sostenible del turismo en nuestra región”.
Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, indicó que “el objetivo de esta normativa es proteger el turismo marítimo regional y evitar una competencia desleal con empresas nacionales que cumplen con todas las exigencias legales, laborales y tributarias. Necesitamos reglas claras y que estas se hagan cumplir con urgencia”.
Adriana Aguilar, gerente de Catue, agregó: “Existe un ecosistema de empresas locales que cumple con la normativa tributaria, laboral, ambiental y sanitaria. Cuando se vulnera la ley de cabotaje, se genera una competencia desigual que afecta directamente a emprendedores, trabajadores y familias que viven del turismo en este territorio”.
Aguilar enfatizó que “el Estado debe fortalecer las capacidades de fiscalización en regiones extremas, dotando a los servicios públicos de mayores recursos y herramientas”.
FUENTE: LA PRENSA AUSTRAL
