La reciente aprobación del plan de administración del Espacio Costero Marino de Pueblos
Originarios (ECMPO) Mañihueico-Huinay volvió a tensionar la relación entre el mundo privado y el
Estado, reabriendo un debate de fondo: cómo avanzar hacia consensos reales y sostenibles bajo el
marco de la Ley Lafkenche. Una ley que reconoce legítimamente el uso consuetudinario de las
comunidades indígenas, pero cuya implementación práctica sigue generando fricciones cuando no
existe diálogo, transparencia ni articulación efectiva entre los actores involucrados.
El caso de Mañihueico-Huinay es ilustrativo. Tras más de una década de tramitación, se logró un
acuerdo que permitió aprobar uno de los ECMPO más grandes del país, reconociendo la
coexistencia de actividades productivas como la salmonicultura y la pesca artesanal. Sin embargo,
ese equilibrio inicial se debilitó durante la elaboración del plan de administración, etapa clave donde
diversos actores acusan exclusión, falta de información y acuerdos que no habrían sido respetados.
Aquí emerge una señal de alerta. Cuando el diálogo entre comunidades, sectores productivos y
pescadores artesanales se rompe o se vuelve insuficiente, el rol del Estado no puede limitarse a una
interpretación formal de la norma. Como bien señalan expertos, las instituciones públicas deben
actuar como garantes de procesos informados, transparentes y participativos, sin renunciar a su
potestad decisoria, pero asegurando confianza en la institucionalidad.
La actividad acuícola y la pesca artesanal son pilares económicos y sociales de las regiones
costeras. Desconocer sus derechos, regulados por normativas vigentes y concesiones otorgadas por
el propio Estado, no solo genera incertidumbre jurídica, sino que amenaza el desarrollo regional y la
convivencia territorial. Del mismo modo, minimizar las legítimas demandas de las comunidades
indígenas erosiona el espíritu de la Ley Lafkenche.
El desafío no es elegir entre desarrollo productivo o reconocimiento ancestral, sino construir
consensos que permitan la coexistencia. Sin diálogo temprano, reglas claras y transparencia, la Ley
Lafkenche corre el riesgo de transformarse en un nuevo foco de conflicto, cuando debiera ser una
oportunidad para avanzar hacia una gobernanza costera más justa, participativa y sostenible para
todos.
Francisca Sanz
Presidente
Multigremial Los Lagos