Locales que no logran recuperarse y el valor de los arriendos que cae en más de un 50%. Esas son las esquirlas en la llamada ‘zona cero’ de la capital, que dejó el estallido del 18 de octubre de 2019 y otros eventos que prosiguieron. Mañana se cumplen tres años del hito que cambió el escenario político y económico del país. Frente a ese nuevo aniversario, ayer en ‘El Mercurio’ gremios de los rubros afectados advirtieron que todavía no se han recuperado de los efectos de dicha crisis y que continúa la inseguridad en el sector.
De acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), a partir del 18 de octubre del 2019, han cerrado 800 comercios en la comuna de Santiago, vinculados no solo al estallido, sino que también a la pandemia, al avance del comercio ambulante y a la delincuencia. Representantes gremiales vinculados al sector comercial y pymes plantean que entre las políticas clave para recuperar la ‘zona cero’ están el reforzamiento de la seguridad y otros incentivos. Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) —gremio cuya sede se ubica a unas pocas cuadras de Plaza Baquedano—, dice que ‘todas las acciones que se pongan en marcha para recuperar Santiago deben pensarse con el objetivo de detener la migración de comercios y servicios que le agregan valor a la experiencia de vivir, trabajar y transitar por el centro. En estas acciones no existe nada más importante que la seguridad, porque ninguna otra será posible sin ella.
Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, asegura que el lema para recuperar el centro de la capital es uno solo: ‘seguridad’. Explica que ‘hemos conversado, evaluado y apoyado a la gran mayoría de las empresas del sector, las que quedan (en la zona) necesitan la ayuda que sea, pero nuevas no se instalarán, ni con subsidios ni Fogape mientras no haya seguridad’.
A juicio del arquitecto y urbanista Iván Poduje, ‘a estas alturas, el diseño de las obras es el desafío menor. Lo importante es que no las destruyan como ha ocurrido con cada reparación que se hace’. Precisa que ‘para ello tenemos que avanzar en dos frentes. Lo primero es crear un anillo de protección similar al que tiene el Barrio Cívico de La Moneda, con carabineros que puedan detener en flagrancia a quienes vandalizan o destruyen bienes públicos o privados’. Agrega que ‘en paralelo, el Gobierno debe enviar proyectos de ley para aumentar las multas por vandalizar y para poder descontarlas de los beneficios que entrega el Estado, en caso que el infractor no pague’.
Fuente: Diario El Mercurio
